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NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

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NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

El pasado mes de abril el Consejo de Ministros, aprobaba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Muchas novedades en este nuevo texto, en que se ofrece por primera vez una definición oficial del concepto pobreza energética. Además, se establecen indicadores para su seguimiento –que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios–, además de fijar los objetivos para su reducción a 2025: una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%. Este instrumento se dividido en cuatro ejes de actuación y 19 medidas. Entre otras, por ejemplo, no se podrá cortar el suministro eléctrico en condiciones climatológicas extremas como pudiesen ser olas de frío o de calor. Con la nueva estrategia en la mano, podemos por primera vez atender a una definición oficial de lo que significa el concepto de pobreza energética, al que define como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. La pobreza energética puede además manifestarse a través de una multiplicidad de realidades que van desde la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar a un gasto energético desproporcionado en relación con el nivel de ingresos. Cuatro indicadores Como decíamos, son varias las realidades en las que puede manifestarse la pobreza energética. Por ello y para analizar y realizar un seguimiento adecuado de las diversas tipologías de pobreza energética, el texto adopta los cuatro indicadores primarios oficiales del Observatorio Europeo contra la pobreza energética: 1. Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional. 2. Pobreza energética escondida (HEP, en su acrónimo inglés): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional. 3. Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada. 4. Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda. De esta manera, en base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017 y teniendo en cuenta los indicadores recién citados, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas. El objetivo de esta estrategia de carácter nacional pasa por una reducción mínima del 25 por ciento para el año 2025 para cada uno de los indicadores citados y se fija como meta a alcanzar una disminución del 50 por ciento. Cuatro ejes y 19 medidas En este camino hacia las reducciones del 25 y del 50 por ciento, la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética establece cuatro ejes de actuación que recogen 19 medidas concretas. 1. Primer eje. Mejorar el conocimiento de la pobreza energética. Con distintas líneas de actuación como establecer...

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TRÁMITES EN LA COMPRA DE UNA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO

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TRÁMITES EN LA COMPRA DE UNA VIVIENDA DE SEGUNDA MANO

En los últimos años se está reactivando en España el sector inmobiliario, y, especialmente, las operaciones de compraventa de viviendas de segunda mano. Normalmente el potencial comprador de una vivienda de segunda mano, se encuentra ante la disyuntiva de encargar a una inmobiliaria la búsqueda de la vivienda deseada, e, incluso, que la misma se encargue de realizar todos o gran parte de los trámites y actos preparatorios previos necesarios para la formalización de la compraventa. Si el comprador decide comprar la vivienda sin la intervención de una inmobiliaria, y de esta forma ahorrase el pago de una comisión, es recomendable que siga los siguientes pasos: Antes de formalizar un contrato de compraventa privado. Una vez que el comprador ha elegido la vivienda que desea adquirir y antes de firmar el contrato de compraventa, es fundamental, para evitar “sorpresas” desagradables, que compruebe la veracidad de la información recibida del vendedor sobre las principales características físicas y legales de la vivienda. Para ello se puede dirigir a los siguientes organismos públicos: 1.- Registro de la Propiedad: en el mismo se puede solicitar una nota simple informativa del inmueble, para comprobar cual es la situación registral actual de la vivienda, si la misma tiene cargas (hipotecas, embargos, servidumbres, etc.), superficie del inmueble, identidad del propietario, etc. 2.- Catastro: a través de la página web de este organismo público (www.catastro.meh.es) se puede obtener información muy importante sobre el inmueble, como su referencia catastral, año de construcción, metros construidos, porcentaje de participación en las zonas comunes del edificio, etc. En este punto es importante aclarar que la información reflejada en el catastro, puede que no coincida con exactitud con la reflejada en el Registro de la Propiedad, y que, además, puede que no esté actualizada si el propietario de la vivienda no ha comunicado al Catastro, hechos que hayan podido modificar la cartografía de la finca y su valor catastral (por ejemplo mejoras, ampliaciones, etc). 3.- Ayuntamiento: si se tiene alguna duda sobre la situación urbanística del inmueble, el potencial comprador puede acudir a los servicios de urbanismo del ayuntamiento, del municipio en el que se encuentre situado el inmueble, para solicitar información sobre este respecto. De esta forma se pueden evitar sorpresas desagradables como, por ejemplo, adquirir una vivienda sin licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad, con lo cual no se podrían contratar los diferentes suministros (agua, electricidad, gas, etc). Comunidad de Propietarios. Además de pedir información a los organismos mencionados con anterioridad, es muy recomendable solicitar al propietario una completa información sobre la comunidad de propietarios donde se ubica la vivienda, para comprobar si la misma ha pasado la inspección técnica del edificio (ITE), si tiene aprobadas derramas, si el propietario se encuentra al corriente de pagos, etc. Una manera de comprobar la veracidad de la información recibida del propietario, es solicitar al mismo la exhibición de las actas de las últimas reuniones celebradas por la comunidad. El contrato de compraventa En la inmensa mayoría de los casos en los que el vendedor y el comprador han llegado ya a un acuerdo sobre el precio de la compraventa y la fecha o plazo máximo para que se formalice la escritura pública de compraventa, se suscribe un contrato privado de compraventa con entrega de señal o de arras, para garantizar...

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NUEVA LEY HIPOTECARIA

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NUEVA LEY HIPOTECARIA

Las últimas sentencias del Tribunal Supremo y la entrada en vigor de la nueva Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario es pasado mes de junio, conocida popularmente como Ley Hipotecaria, han cambiado drásticamente el panorama en torno a las hipotecas y los gastos que las mismas conllevan, pasando de la noche al día y con una realidad muy dispar a la que se vivía hace apenas cuatro años, cuando las primeras sentencias empezaron a desenmascarar ciertas cláusulas abusivas utilizadas con normalidad por las entidades que concedían los créditos para la adquisición de la vivienda. Tantos han sido los cambios que se hace necesario un repaso a estas novedades y, sobre todo, a cómo queda el tema de los gastos ligados a las hipotecas. ¿Cuáles de ellos deberán ser asumidos por los bancos y cuáles por los solicitantes del crédito? Además, la ley nace con la intención de reforzar la seguridad de los hipotecados, rebajando por ejemplo las comisiones por amortización anticipada o endureciendo los requisitos para que una entidad bancaria pueda comenzar el proceso de ejecución de la hipoteca. Si antes se iniciaba tras tres cuotas impagadas, ahora se va al 3% del capital o 12 mensualidades no resueltas. Para comenzar hay que señalar que la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, y con ella todas aquellas condiciones que viene a introducir para la concesión de hipotecas, entrará en vigor finalmente a mediados del próximo mes de junio, en concreto el día 16, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado del sábado 16 de marzo, tras su previa aprobación en el Congreso de los Diputados. En la práctica esto quiere decir que la nueva Ley Hipotecaria y su nueva normativa serán una realidad este verano, con independencia del resultado de las Elecciones Generales y sea cual fuera el Gobierno que se reformase, con excepción evidente de una derogación de esta ley. A grandes rasgos y de manera muy resumida, la nueva Ley viene a poner orden en el desbarajuste que han supuesto en los últimos años los gastos relacionados con la hipoteca: la nueva normativa viene a clarificar, esperemos que de manera definitiva, el reparto de todos estos gastos entre la entidad financiera que concede el crédito y el consumidor. Pero además, trae otras interesantes novedades como podría ser el abaratamiento de los intereses de demora y de amortización anticipada, así como el aumento de los meses de impago antes de que se ejecute un crédito. Se puede decir pues que la nueva Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario tiene en su espíritu una mayor protección para el consumidor y un intento de aportar una mayor transparencia al mercado hipotecaria. Gastos hipotecarios Como decíamos, uno de los aspectos que mayor trascendencia han tenido tras la aprobación del nuevo texto normativo pasa por el esclarecimiento de cómo queda el reparto de los gastos hipotecarios. De esta manera, la nueva normativa introduce, acorde además con las últimas sentencias del Tribunal Supremo, que será el banco quien tenga que asumir la mayor parte de los gastos relacionados con la contratación de una hipoteca y no el cliente como venía siendo norma común en años anteriores. Conforme a la nueva normativa, la entidad que concede el crédito deberá hacer frente a los gastos de gestoría,...

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VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

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VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

VMP: una nueva forma de movernos Analizábamos en un reciente número especial de esta misma publicación, Ciudadano y Consumo, cómo había evolucionado el sector de la Movilidad en las grandes ciudades en apenas unos años. Como decíamos en aquel número, a nadie se le escapa cómo ha cambiado la forma en la que nos movemos por las grandes ciudades. Hablábamos allí de las denominadas intermodalidades, combinación de varios medios de transporte para alcanzar nuestro destino, entre los que cada vez están tomando un mayor protagonismo los denominados de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como pueden ser segways, bicicletas o patinetes eléctricos. Este tipo de vehículos ha multiplicado su presencia, ya no solo en las grandes urbes sino, incluso, hasta entornos menos adecuados como pueden ser vías urbanas. De hecho, los expertos empiezan a denunciar un aumento de la siniestralidad con involucración de este tipo de vehículos. ¿Es posible la convivencia entre los VMP y los peatones o los coches? ¿Sabemos por dónde se puede circular con un patinete eléctrico? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Y obligaciones? En la actualidad se viene trabajando en una nueva normativa, vía decreto, para regular los Vehículos de Movilidad Personal, si bien ésta podría verse retrasada por el parón que supone la convocatoria electoral. Por el momento, existe una Instrucción dictada por la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior, donde se dan las primeras pincelas. Además, la ciudad de Madrid aprobaba recientemente su nueva Ordenanza de Movilidad donde ya se recoge la presencia de este tipo de vehículos. Repasaremos pues ambos textos, en busca de obtener más claridad sobre una realidad cada vez más presente. Instrucción 16/V-124 De esta manera, lo primero que desde la Dirección General de Tráfico quieren trasladar es la novedad que han supuesto este tipo de Vehículos de Movilidad Personal frente a la tradicional división: aceras para los peatones y calzadas para los vehículos. A partir de esta división del espacio público se establecieron las principales normas de tráfico que rigen en las ciudades, como las relativas a restricciones, señalización, prioridades de paso, prohibiciones, etc. Pero, ¿qué sucede ante la aparición de este nuevo tipo de movilidad y estos nuevos medios de transporte? Porque, aunque estén lejos de los tradicionales vehículos a motor que copan nuestras calzadas, coches o motocicletas, estos nuevos vehículos de los que les venimos a hablar superan en muchos casos en masa o envergadura a los peatones y se mueven a una mayor velocidad que estos. Es por ello precisamente, además de por su proliferación en número y por carecer hasta el momento de un espacio propio en las vías, por lo que los vehículos de movilidad personal (VMP) generan situaciones de riesgo al compartir el espacio urbano con el resto de usuarios. Por todo ello, y a la espera de la citada normativa, la DGT lanzaba la presente instrucción para establecer una serie de criterios. Catalogación de los VMP Los VMP pueden definirse como vehículos capaces de asistir al ser humano en su desplazamiento personal y que por su construcción, pueden exceder las características de los ciclos y estar dotados de motor eléctrico. Ya en la instrucción, la Dirección General de Tráfico especifica que serán los Ayuntamientos los encargados de establecer establecer limitaciones a la circulación en las vías urbanas, dependiendo, de la velocidad...

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LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

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LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Mayor protección de nuestros datos El pasado 5 de diciembre de 2018 el Parlamento aprobaba la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales que, en la práctica viene a adaptar el derecho español al modelo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La nueva Ley trae novedades, al desarrollar algunas de las materias que estaban contenidas en el citado reglamento, que afectan directamente a los ciudadanos, algunas de las cuales detallaremos en el siguiente artículo, pero además introduce cambios para el sector privado, como podría ser la obligatoriedad de designar un Delegado de Protección de Datos a determinadas organizaciones dependiendo de su actividad, y, por último, nuevas responsabilidades para órganos y organismos del sector público, como la publicación del Registro de actividades de tratamiento o la designación de un Delegado de Protección de Datos, así como la comunicación de dicha designación a la Agencia Española de Protección de Datos. De la mano de la Agencia Española de Protección de Datos repasamos algunas de las novedades que afectan a los ciudadanos, muchas de las cuales analizaremos en profundidad en próximos números de esta la revista de todos los socios de la Unión de Consumidores de Madrid-UCM. Hay que señalar que esta nueva Ley viene a reforzar la protección de los ciudadanos ante el uso fraudulento y masivo de datos, así como a facilitar el ejercicio de los derechos que les amparan. Por ello, y como ahora veremos, trae novedades en torno a temas que hasta ahora eran fuentes de conflicto, como los denominados ‘ficheros de morosos’, las listas robinson, los datos de los menores o de las personas fallecidas, por poner algunos ejemplos. 1. Tratamiento datos personales desde las organizaciones públicas. Las organizaciones públicas deben explicitar de forma clara y sencilla quién trata los datos personales, con qué finalidad se tratan y qué base jurídica legitima ese tratamiento. 2. Información sobre los derechos relativos al tratamiento de datos. Los ciudadanos tienen derecho a ser informados del tratamiento de sus datos personales y de las vías para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición. Ninguna organización pública o privada puede denegar el ejercicio de estos derechos en el caso de que el ciudadano quiera ejercitarlos de un modo diferente al que se le ofrece. 3. Verificación de datos personales por organismos del Sector Público. Los órganos y organismos del Sector Público podrán verificar, sin necesidad de solicitar consentimiento del interesado, la exactitud de los datos personales manifestados por los ciudadanos y que obren en poder del Sector Público. 4. Comunicación de datos personales de los ciudadanos a sujetos privados por los órganos y organismos del Sector Público. Los órganos y organismos del Sector Público pueden comunicar los datos personales de los ciudadanos a sujetos de derecho privado que lo soliciten: a) cuando cuenten con el consentimiento de los ciudadanos, b) o bien, cuando aprecien que concurre en el sujeto privado solicitante un interés legítimo que prevalezca sobre los derechos e intereses de los ciudadanos concernidos. 5. La aportación de documentación a los procedimientos administrativos por parte de los ciudadanos. Tanto el Reglamento General de Protección de Datos como la nueva Ley Orgánica eliminan la necesidad de recabar el...

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Transferencias inmediatas, TIPS

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Transferencias inmediatas, TIPS

Hasta 15.000 euros en 10 segundos En ocasiones, la transferencia de fondos como método de pago puede acarrear algunos inconvenientes, a pesar de sus muchas ventajas y mecanismos garantistas, si atendemos, sobre todo, al tiempo transcurrido desde que se da la orden hasta que la transferencia es efectiva realmente. Hasta 24 hora, sin contar además con días festivos entre medias, pueden hacer que una orden dada en un determinado momento llegue a tardar hasta 48 en hacerse realidad para el receptor de ese movimiento. Es por ello que desde el Banco Central Europeo (BCE) se venga promoviendo las denominadas Transferencias Inmediatas, conocidas como TIPS por sus siglas en inglés: Target Instant Payment Settlement. Su fecha oficial de nacimiento es noviembre de 2018 si bien en España están realmente operativas desde febrero de este mismo año y siempre entre entidades que se hayan adherido a este servicio del BCE. A modo de resumen podríamos citar entre sus principales características que el movimiento es prácticamente instantáneo, se estima que la transferencia es real en menos de 10 segundos, a cualquier hora del día y día de la semana, incluyendo los festivos. Por el momento, esos sí, la cantidad máxima que se podrá transferir mediante estas TIPS es de 15.000 euros. Otro punto a tener en cuenta, las transferencias inmediatas son irrevocables, no pudiendo ser anuladas. De esta manera y como veníamos señalando, las transferencias inmediatas TIPS son un nuevo servicio de infraestructura de mercado lanzado por el BCE en noviembre de 2018. En la práctica supone que los proveedores de servicios de pago puedan ofrecer transferencias de fondos a sus clientes en tiempo real y las 24 horas, todos los días del año. Con ello, tanto ciudadanos como empresas pueden transferir dinero, hasta 15.000 euros, en tiempo real, sea el día que sea y la hora que sea y con independencia de si el banco local se encuentre o no dentro de su horario de apertura. De momento, este tipo de movimientos únicamente se pueden realizar en euros, si bien desde el Banco Central Europeo no se descarta que si la demanda lo justifica no se pudiera ampliar el servicio a otras divisas. ¿De dónde viene esta solución? Desde el BCE vienen a justificar la puesta en marcha de este nuevo mecanismo como respuesta a la creciente demanda por parte de los consumidores de métodos de pago seguros e instantáneos. Las soluciones nacionales en los distintos países de la Unión Europea venían posibilitando este tipo de transferencias entre determinadas entidades pero, a la par, suponían un riesgo de fragmentación dentro de la política monetaria común europea, si hablamos del mercado europeo de pagos minoristas. Hay dos características de las TIPS que las ayudarán a alcanzar la accesibilidad en toda Europa. En primer lugar, se basna en la transferencia de crédito instantánea SEPA (SCT Inst), un esquema para pagos instantáneos paneuropeos, que se espera sea utilizado por una gran cantidad de proveedores de servicios de pago en toda Europa. En segundo lugar, TIPS se desarrolló como una extensión de TARGET2, que ya contaba con una amplia red de participantes en toda Europa. Características principales de las transferencias inmediatas TIPS – Como su propio nombre indica y veníamos señalando son transferencias en tiempo real, haciéndose efectivas en menos de 10 segundos. – Se...

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CÓDIGO EUROPEO DE LAS COMUNICACIONES EUROPEAS

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CÓDIGO EUROPEO DE LAS COMUNICACIONES EUROPEAS

Preparándonos para el 5G El futuro en el mundo de las telecomunicaciones ya está aquí. La Unión Europea se ha visto en la necesidad de prepararse para lo que ya está llegando, una nueva era, vigente ya si cabe, de conectividad generalizada y, además y esto se incorporará gradualmente, a muy alta velocidad. Todo ello, conectividad generalizada a través de redes de datos en vez de redes fijas y altísimas velocidades de transmisión gracias a nuevas tecnologías como la 5G, ha provocado que la Unión Europea se haya visto obligada a adaptar las normas comunes que rigen en el sector de las comunicaciones, aprobando el verano pasado el denominado Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, una Directiva que pretende sustituir el marco regulador actual de la UE en materia de telecomunicaciones. El nuevo Código Europeo de Comunicaciones Europeas era aprobado el pasado mes de junio y en él se contempla un conjunto de normas de telecomunicaciones, con la intención de que incorporen una serie de cambios importantes como serían: – El rápido y generalizado despliegue de la tecnología 5G y otras tecnologías de próxima generación en toda Europa. – Una mayor protección de los consumidores. – Una tarifa máxima limitada para las llamadas internacionales dentro de la Unión Europea. Máxima conectividad, máxima seguridad Una de las premisas pues de este nuevo código europeo pasa porque todos los consumidores de la Unión Europea dispongan de un nivel de protección similar y más elevada en lo que respecta a los servicios de comunicaciones electrónicas. ¿En qué consistirán esas mejoras en cuanto a seguridad? Bueno, según recoge el Consejo de la Unión Europea, “las normas reforzadas de defensa del consumidor harán que resulte más fácil cambiar de proveedor y ofrecerán una mejor protección a las personas que contraten servicios agrupados, por ejemplo”. Si de regular las comunicaciones electrónicas hablamos, y en concreto de la protección al consumidor, evidentemente el código tenía que incluir también los servicios prestados a través de Internet, como las aplicaciones de mensajería y correo electrónico, además de aquellos a los que se les viene denominando «servicios de transmisión libre» («over the top» u «OTT» por sus siglas en inglés). Para todo ello se habla de un “mecanismo de revisión” que velará porque los derechos del usuario final sea siempre sólido y con la capacidad de irse actualizando conforme vayan evolucionando los modelos de negocio, las tecnologías de las comunicaciones y el comportamiento de los consumidores. Más allá de la seguridad, como reza el encabezado del presente apartado, la Unión Europea ha de prepararse, incluso ha de fomentar, una conectividad generalizada, para lo que el nuevo texto dictamina que “el acceso asequible y adecuado a Internet se incluirá en la lista de servicios universales que deben estar disponibles para todos los consumidores, independientemente de su localización o de su renta”. Además, incluye específicamente el reconocimiento a que “las personas con discapacidad deben tener un acceso a Internet en condiciones de igualdad”. Un sistema de alertas por el móvil Una curiosidad, como fruto de esa esperada conectividad generalizada y tras experiencias positivas en algunos de sus estados miembros, la Unión Europea ha apostado en este texto porque todos los países pongan “en marcha un sistema de alerta al público para enviar avisos a los ciudadanos a través de sus teléfonos...

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EL SEGURO DE VIDA

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EL SEGURO DE VIDA

El seguro de vida es un contrato en virtud del cual una compañía aseguradora, a cambio del cobro de una prima, pagará a los beneficiarios del seguro la contraprestación económica que se haya pactado en la póliza, para el caso de que se produzca la muerte del asegurado (seguro de fallecimiento), o en el caso de que el mismo viva todavía en una determinada fecha (seguro de supervivencia). Clases Seguro de fallecimiento. Mediante el mismo se asegura que los beneficiarios cobren un capital, o una renta periódica, cuando se produzca el fallecimiento del asegurado, y siempre que la póliza se encuentre todavía en vigor. Por el contrario si el asegurado fallece cuando la póliza ya vencida, los beneficiarios no podrán reclamar a la aseguradora contraprestación económica alguna. Es habitual que este tipo de seguro cubra también otras contingencias que le puedan acontecer al asegurado, como las coberturas por invalidez y de accidentes. Seguro de supervivencia (“seguros de ahorro”). Al contrario de lo que sucede con el seguro de fallecimiento, si el asegurado todavía vive tras la finalización de la vigencia de la póliza, la compañía aseguradora tendrá que abonar el capital, la renta u cualesquiera otras prestaciones pactadas en el contrato. Dentro de esta modalidad de seguro de vida se pueden diferenciar los siguientes tipos: 1.- Seguros Unit linked:Son aquellos en virtud de los cuales el tomador asume el riesgo de la inversión realizada. El tomador entrega cantidades de dinero a la compañía aseguradora, para que la misma invierta las mismas en participaciones de instituciones de inversión colectiva, y otros activos financieros elegidos por el tomador del seguro, quien soporta el riego de la inversión realizada. El tomador invierte en un seguro de vida y designa los activos en los que quiere invertir, mientras que la aseguradora ostenta la titularidad de esto activos y los asigna a la póliza. Es muy importante que antes de adoptar la decisión de contratar uno de estos seguros, el consumidor analice con detenimiento cual es la liquidez de la suma asegurada (en forma de rescate, reducción o anticipo). En concreto, en cuanto al rescate, hay que estudiar cual son las condiciones de ejercicio y las posibles penalizaciones aplicables. 2.- Planes de previsión asegurados (PPA): Son contratos de seguro individuales sometidos a un régimen jurídico y fiscal similar al de los planes de pensiones. La principal característica de este contrato, que le diferencia por ejemplo de los seguros de fallecimiento, es que la figura del tomador, asegurado y beneficiario debe ser siempre la misma persona. No obstante lo anterior, la cobertura que cubre la contingencia de fallecimiento pude generar contraprestaciones, como los planes de pensiones, de viudedad, orfandad, en favor de otros herederos o personas designadas. Mediante estos seguros sólo se pueden cubrir las mismas contingencias permitidas para los planes y fondos de pensiones, es decir jubilación, fallecimiento, incapacidad laboral permanente y dependencia, pero siendo siempre la cobertura principal la de jubilación. Sólo se puede rescatar el capital y los intereses generados, antes de producirse la jubilación del asegurado, en casos excepcionales de desempleo de larga duración y enfermedad grave del asegurado. El seguro deberá garantizar el cobro de intereses. Las primas abonadas por el tomador del seguro se pueden reflejar en la declaración de la renta, aplicándose como una reducción en de la...

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PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y COMPETENCIA DESLEAL

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PUBLICIDAD  ENGAÑOSA Y COMPETENCIA DESLEAL

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, establece textualmente en su artículo 8, como derechos básicos de los consumidores y usuarios, entre otros, la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a la prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. En relación a las prácticas comerciales desleales así como la publicidad que por engañosa puede inducir a error en el comportamiento económico del consumidor, (entendiéndose éste como la decisión de actuar o no en relación a oferta, contratación o conservación de un bien o servicio, pago de precio o ejercicio de derechos contractuales en relación a los mismos), con el objeto de dar mayor protección al consumidor se aprobó la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, que modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. No sería la primera vez que nos ocurre que el producto adquirido o el servicio contratado con una empresa no se corresponden con lo ofertado o publicitado en el folleto o anuncio en cuestión bien por la falta de información, bien porque inducía a error o debido simplemente a que se tratara de un cebo publicitario. La Ley 29/2009 nos protege frente a este tipo de prácticas comerciales, la cual afecta a diversas normas que atienden a los derechos de los consumidores y usuarios: la Ley de Competencia Desleal, la Ley de Comercio Minorista, la Ley General de Publicidad y la Ley General de Consumidores. La publicidad, por definición, tiene como fin informar a cerca de las características principales de de un producto o servicio, con la intención de fomentar su adquisición o contratación entre los consumidores. Pero a veces, la publicidad, como es el caso de la desleal o la engañosa, busca el mismo fin, solo que a través de medios ilícitos. Ahora bien, a la hora de llevar a cabo esta labor de información de cara al consumidor toda práctica comercial no vale, por cuanto que la misma ha de ser comprensible, clara y veraz habida cuenta que también es vinculante (equivale a un contrato) y debe obligar a cumplir a quien la realiza ya que puede ser el motivo por el cual el consumidor compre un producto o contrate un servicio. Publicidad comparativa La norma no solo protege a los consumidores frente a la publicidad, sino también a los propios operadores económicos, ya que establece los criterios a tener en cuenta a la hora de efectuar campañas publicitarias que comparen productos de diferentes marcas. De esta forma se han tenido en cuenta las exigencias del propio mercado para poner coto a la guerra publicitaria entre empresas que, en ocasiones, más que competencia desleal, llega a ser una guerra encarnizada que atenta contra los legítimos derechos de los competidores, y, en muchos de los casos, de los propios consumidores. Por lo tanto, la publicidad comparativa que haga alusiones, explícita o implícitamente, a un competidor deberá comparar bienes que satisfagan las mismas necesidades, es decir, que sean de la misma naturaleza, y la comparación,...

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GRATUIDAD DE LAS CUENTAS DE PAGO BÁSICAS PARA COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

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GRATUIDAD DE LAS CUENTAS DE PAGO BÁSICAS PARA COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

El pasado 3 de abril de 2019 se publicó en el BOE el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera, por el que se completa la transposición de la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas La transposición de esta Directiva dentro del ordenamiento jurídico español se inició mediante el Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. En dicho real decreto-ley el sistema se articula en dos niveles de comisiones: un primer nivel general en el que los clientes tienen que abonar una comisión mensual máxima que remunere a la entidad por los costes que tiene que soportar y un segundo nivel con condiciones más ventajosas para aquel colectivo en situación de vulnerabilidad o con exclusión financiera, que se articula por medio del real decreto, en el que se opta por la gratuidad. Respecto al primer nivel general de comisiones máximas para las cuentas de pago básicas, la Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, lo fija en 3 euros mensuales, lo que incluye las operaciones más habituales: apertura, utilización y cierre de cuenta, depósito de fondos en efectivo en euros, retiradas de dinero en efectivo en euros en las oficinas o cajeros automáticos de la entidad situados en España o en otros Estados miembros de la Unión Europea, operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos pagos en línea en la Unión Europea y hasta 120 operaciones de pago anuales en euros dentro de la Unión Europea consistentes en adeudos domiciliados o transferencias. El segundo nivel, el de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera es el que vamos a pasar a desarrollar. Gratuidad de la cuenta de pago básica Se establece que las entidades de crédito no podrán cobrar la comisión mensual máxima, única y conjunta de 3 € (prevista en el art. 4.2 de la Orden 228/2019), cuando todos los titulares y autorizados de una cuenta de pago básica se encuentren en la situación especial de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera, por la prestación de los siguientes servicios: Apertura, utilización y cierre de cuenta, depósito de fondos en efectivo en euros; retiradas de dinero en efectivo en euros en las oficinas o cajeros automáticos de la entidad situados en España o en otros Estados miembros de la Unión Europea; operaciones de pago mediante una tarjeta de débito o prepago, incluidos pagos en línea en la Unión Europea; hasta 120 operaciones de pago anuales en euros dentro de la Unión Europea consistentes en pagos realizados en ejecución de adeudos domiciliados y transferencias, incluidos los pagos realizados en ejecución de órdenes de transferencia permanentes, en las oficinas de la entidad y mediante los servicios en línea de la entidad de crédito cuando esta disponga de ellos. Información al usuario de la gratuidad Las entidades de crédito están obligadas a informar en los tablones de anuncios de sus establecimientos abiertos al público o...

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