El pasado mes de abril el Consejo de Ministros, aprobaba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Muchas novedades en este nuevo texto, en que se ofrece por primera vez una definición oficial del concepto pobreza energética. Además, se establecen indicadores para su seguimiento –que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios–, además de fijar los objetivos para su reducción a 2025: una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%. Este instrumento se dividido en cuatro ejes de actuación y 19 medidas. Entre otras, por ejemplo, no se podrá cortar el suministro eléctrico en condiciones climatológicas extremas como pudiesen ser olas de frío o de calor.

Con la nueva estrategia en la mano, podemos por primera vez atender a una definición oficial de lo que significa el concepto de pobreza energética, al que define como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”. La pobreza energética puede además manifestarse a través de una multiplicidad de realidades que van desde la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar a un gasto energético desproporcionado en relación con el nivel de ingresos.

Cuatro indicadores

Como decíamos, son varias las realidades en las que puede manifestarse la pobreza energética. Por ello y para analizar y realizar un seguimiento adecuado de las diversas tipologías de pobreza energética, el texto adopta los cuatro indicadores primarios oficiales del Observatorio Europeo contra la pobreza energética:

1. Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.
2. Pobreza energética escondida (HEP, en su acrónimo inglés): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.
3. Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
4. Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.

De esta manera, en base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017 y teniendo en cuenta los indicadores recién citados, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.
El objetivo de esta estrategia de carácter nacional pasa por una reducción mínima del 25 por ciento para el año 2025 para cada uno de los indicadores citados y se fija como meta a alcanzar una disminución del 50 por ciento.

Cuatro ejes y 19 medidas

En este camino hacia las reducciones del 25 y del 50 por ciento, la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética establece cuatro ejes de actuación que recogen 19 medidas concretas.

1. Primer eje. Mejorar el conocimiento de la pobreza energética. Con distintas líneas de actuación como establecer un sistema robusto para el cálculo periódico de los indicadores y designar organismos responsables, dotar de transparencia al sistema de publicación de indicadores o la profundización en el conocimiento del gasto energético requerido para los distintos consumidores.
2. Segundo eje. Mejorar la respuesta frente a la situación actual de pobreza energética. Líneas de actuación en búsqueda de la mejora de los mecanismos de subsidio frente a la pobreza energética o la protección de los consumidores en situaciones meteorológicas extremas.
3. Tercer eje. Crear un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética.
4. Cuarto eje. Medidas de protección a los consumidores y concienciación social. En este último eje se incluirían las líneas de actuación de los profesionales en la lucha contra la pobreza energética, la mejora de la información y formación de los consumidores y las mejoras regulatorias para la defensa de los consumidores.

Nuevo bono social energético

El texto repasa las dificultades y obstáculos que presenta la actual configuración del bono social eléctrico, que en 2018 se vio complementado con un bono térmico para ayudar a sufragar gastos de calefacción durante el invierno. Concluye el documento que es preciso elaborar un nuevo bono social y marca los tres elementos que deberán guiar su futura configuración:

– Universalidad de fuentes de suministro. La ayuda será integral para el conjunto de los suministros energéticos, tanto eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua caliente sanitaria y cocina.
– Automatización. a través de la colaboración entre administraciones, se fijarán criterios para favorecer la concesión directa de la ayuda. El criterio de renta será el principio básico pero se tendrán en cuenta un conjunto de cuestiones en función de la situación de los perceptores o su unidad familiar, o la zona climática donde se ubique la vivienda.
– Gestión coordinada con otras administraciones públicas. En la implementación de los mecanismos prestaciones que se diseñen, todas las administraciones tendrán un papel relevante, que ejercerán de manera coordinada en el ámbito de sus competencias.

Restricciones a los cortes de suministro

Como decíamos en la introducción al presente texto, en el que se vienen a recoger las principales novedades de la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, el texto prohíbe cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III.
La segunda novedad en este punto pasa porque el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia aumenta el plazo otros 4 meses, durante los cuales el consumidor recibirá un suministro mínimo vital que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Medidas estructurales frente a las prestacionales: eficiencia

Otro de los objetivos del nuevo texto pasa por ir ampliando paulatinamente el peso de las medidas estructurales frente a las prestacionales –los denominados bonos sociales– para permitir abordar el problema de la pobreza energética de forma estructural. Es por ello por lo que viene a desarrollar uno de sus ejes en torno a medidas de rehabilitación y de eficiencia energética corto plazo, medio y largo plazo, con acciones como, por ejemplo, la potenciación de rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); la apuesta por el fomento de parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; o la incentivación para la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por otros dispositivos más eficientes energéticamente mediante subvenciones. A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios, teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales, tales como a perspectiva de género, la utilización de materiales sostenibles o la accesibilidad.

Protección al consumidor y concienciación social

Como enumerábamos, el último eje de la Estrategia está referido a medidas de protección a los consumidores y a la concienciación social, incluyendo una línea centrada a la actuación de los profesionales que trabajan parta atajar la pobreza energética.

De esta manera, se contempla la elaboración de un protocolo de actuación para detectar situaciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de atención primaria; y se homogeneizará la gestión de información sobre prestaciones públicas buscando que esta información se incorpore a la ya existente tarjeta social universal, que gestiona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En el ámbito de la concienciación ciudadana, se desarrollarán acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes para que la ciudadanía conozca las posibilidades de ahorro y eficiencia que ofrecen; se ofrecerá información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia y se establecerá un canal de comunicación permanente con los sujetos y colectivos interesados. De hecho, el texto plantea la creación de un espacio web que funcione como punto de acceso general de información sobre pobreza energética.

Resumen de algunas medidas

Más allá de titulares centrados en la prohibición de cortes de suministro en condiciones climatológicas severas, de la mano del nuevo texto llegan medidas concretas, algunas de las cuales ya han sido citadas en el presente reportaje, como la fijación de las líneas del futuro bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro; acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes. Más novedades, se prohíbe la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables, cuestión que se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico en cuya vivienda viva al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II ó III.