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La brecha bancaria digital impacta a los mayores de 65 años.
Los usuarios en situación de vulnerabilidad tienen derecho a una cuenta de pago básica gratuita.
La brecha digital en el sector bancario afecta a una gran parte de la población, en especial a los mayores de 65 años, quienes a menudo enfrentan dificultades para acceder a servicios financieros digitales. Esta situación evidencia una disparidad en el uso de la banca online y otros servicios digitales entre diversos grupos sociales. Factores como la edad, la ubicación geográfica, el nivel de educación y los ingresos económicos contribuyen a que ciertas personas queden al margen de los avances digitales en el sector bancario.
¿Qué causa la brecha digital en el sector bancario?
La brecha digital en el sector bancario surge cuando algunos segmentos de la población no pueden acceder a servicios digitales debido a limitaciones tecnológicas, falta de habilidades digitales o resistencia al cambio. Las causas incluyen la falta de infraestructura en áreas rurales, insuficiente educación digital entre adultos mayores y desigualdades económicas que impiden adquirir dispositivos tecnológicos.
¿Quiénes son los más afectados?
Principalmente, la brecha bancaria digital impacta a los mayores de 65 años, muchos de los cuales no se sienten cómodos con la tecnología, así como a quienes residen en zonas rurales con poco acceso a Internet y personas de bajos ingresos que no pueden costear tecnología moderna. La exclusión digital de estos grupos no solo limita su acceso a servicios financieros, sino que también los exponen a mayores riesgos de vulnerabilidad financiera.
Medidas del sector bancario para reducir la brecha digital
La brecha digital en mayores de 65 años representa un desafío que, si no se aborda adecuadamente, puede aumentar la desigualdad económica. Para mitigar este problema, el sector bancario, a través de la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y UNACC, ha revisado el “Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca”. Este protocolo impulsa la inclusión financiera en zonas rurales y la atención a personas mayores, garantizando su derecho a servicios bancarios presenciales y telefónicos prioritarios, sin costes adicionales.
Además, la atención en ventanilla debe estar disponible de 9:00 a 14:00, y las entidades bancarias deben simplificar el acceso a sus servicios digitales mediante la creación de interfaces accesibles y sencillas en cajeros, aplicaciones móviles y páginas web. En caso de que una entidad no aplique el protocolo de atención prioritaria, el cliente puede solicitarlo formalmente e incluso presentar una queja, amparándose en el acuerdo establecido entre las patronales.
Educación financiera para personas mayores
Otra de las medidas acordadas es la educación financiera y digital. Con el objetivo de que los mayores de 65 años adquieran mayor confianza y habilidades en el uso de los servicios digitales, los bancos se han comprometido a organizar talleres y seminarios sobre el uso seguro de tecnologías digitales y la prevención de fraudes. Estas sesiones informativas ayudan a los adultos mayores a entender cómo operar sus cuentas en línea y manejar sus finanzas personales en el entorno digital.
Seguimiento del cumplimiento del protocolo
Para garantizar la efectividad de estas medidas, el Observatorio de Inclusión Financiera creado por las asociaciones bancarias e realiza auditorías semestrales. Esto permite evaluar la implementación de los compromisos adquiridos y hacer los ajustes necesarios para mejorar el acceso a los servicios financieros por parte de personas mayores y otros colectivos vulnerables.
Derechos daicionales en el sector bancario
Los usuarios en situación de vulnerabilidad tienen derecho a una cuenta de pago básica gratuita . Esta cuenta no conlleva comisiones y ofrece servicios esenciales, como depósitos y retiros de efectivo, y hasta 120 operaciones anuales con tarjeta de débito o prepago. Para acceder a este derecho, los solicitantes deben acreditar su situación económica y cumplir ciertos requisitos, como:
- Residir en la UE (sin necesidad de domicilio fijo).
- Ser solicitante de asilo o encontrarse en situación especial que impide la expulsión del país.
- No poseer una segunda vivienda.
La situación de vulnerabilidad económica se certifica en base a ingresos máximos anuales definidos en función del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples):
- Personas solas: hasta dos veces el IPREM.
- Familias de hasta miembros cuatro: hasta 2,5 veces el IPREM.
- Familias numerosas o con algún miembro con discapacidad del 33% o más: hasta tres veces el IPREM.
La brecha digital en el sector bancario sigue siendo un desafío para los mayores de 65 años. Gracias a las iniciativas del sector y los protocolos de inclusión financiera, se busca que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios financieros de manera justa y adaptada a sus necesidades, promoviendo así la igualdad de oportunidades en el ámbito financiero.
