La Ley General de Telecomunicaciones y la Carta de Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones Electrónicas, reconocen una serie de derechos específicos de los usuarios del sector de la telefonía, entre ellos a ofrecer, a través del operador que garantiza en España el servicio universal de telecomunicaciones, (Telefónica de España, S.A.U.), el Abono social.
¿Qué es el Abono Social?
El Abono Social consiste en una prestación económica recogida dentro del servicio universal de telecomunicaciones, cuya finalidad es favorecer a aquellos titulares que sean jubilados y pensionistas, con bajos ingresos o en riesgo de exclusión social, cuando sus pagas no superen el 120% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
El citado abono consiste en una reducción del 70% de la cuota de alta de línea telefónica y del 95% de la cuota mensual que oferta la compañía.
Requisitos.
Para solicitar el Abono Social es necesario reunir los siguientes requisitos:
- Ser jubilado o pensionista, (por incapacidad, viudedad, orfandad, etc.), y estar cobrando una pensión causada en el Régimen General u otros del Sistema de la Seguridad Social.
- Que los ingresos brutos anuales de la unidad familiar no superen el equivalente a la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo.
- Que la instalación de la línea del Abono Social coincida con el empadronamiento del titular y que éste no disponga de otro teléfono que se beneficie de esta reducción.
Proceso de solicitud y documentación necesaria.
Deberá enviar la solicitud cumplimentada y firmada a la compañía, indicando el nombre y los apellidos del titular, (si el titular de la línea fuese el cónyuge del solicitante, tendría que incluir también su nombre, apellidos y DNI), así como el número de teléfono para el que solicita el Abono Social.
Puede remitir dicha solicitud a través de las siguientes vías:
- Mediante Fax, al número 901 50 37 00.
- Mediante carta, al Apartado de Correos: 423 Código Postal: 48080- Bilbao.
- O por correo electrónico a la dirección: [email protected]
Una vez que la compañía la haya recibido, le llegará una carta con información detallada: requisitos, condiciones y documentos que debe enviar.
La documentación necesaria será la siguiente:
a) Fotocopia del D.N.I., pasaporte o Tarjeta de Residente de todas las personas que viven en el domicilio y documento acreditativo equivalente para los menores de 16 años, (fotocopia del Libro de Familia).
b) Volante de empadronamiento familiar o colectivo.
c) Acreditación de ingresos del año en curso.
Acreditación de la situación de vulnerabilidad.
Con una periodicidad no inferior a la anual, Telefónica requerirá de modo fehaciente a los titulares de los Abonos Sociales la documentación para que acrediten que siguen siendo válidas las circunstancias que le dan derecho a este tipo de abono, pudiendo suprimir la bonificación mensual si no se hubieran justificado dichas circunstancias en el plazo de 2 meses desde que se reciba fehacientemente el requerimiento.
Actualmente la brecha digital es un problema de discriminación tecnológica que constituye una forma de pobreza y exclusión social, e impide a una parte de la población acceder a recursos esenciales para desarrollarse y generar riqueza. Tras el Aval de Bruselas, el gobierno ha transferido a las Comunidades Autónomas los fondos europeos para la concesión de ayudas en bonos digitales, dirigidos a los hogares más vulnerables, para mejorar el acceso a internet, que estarán vigentes desde el 17 de noviembre de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2023, y de esta forma contribuir a conseguir los objetivos fijados por la Unión Europea con respecto a la transición digital, según la publicación del Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Algunas compañías del sector de las telecomunicaciones tienen disponibles tarifas sociales, tanto en telefonía, como en acceso a internet, dirigidas a los sectores más vulnerables y con menos ingresos, como son los perceptores de la Renta Mínima de Inserción o el Ingreso Mínimo Vital.
