En los últimos años, España ha enfrentado desafíos económicos significativos, derivados de una pandemia, que han impactado directamente en el bienestar y la estabilidad financiera de sus ciudadanos. Este escenario se ha visto agravado por la fluctuante economía global, la inestabilidad en los mercados laborales y el constante aumento en los precios de la vivienda. 

Para paliar esta situación, se ha publicado mediante Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, una serie de medidas económicas dirigidas a las familias en el sector hipotecario, que según la fuente consultada, la página web de La Moncloa, consistirían en las que vamos a nombrar a continuación.

Medidas económicas

Esta norma incorpora novedades aplicables durante 2024, como exención de comisiones de cambio de hipotecas de tipo variable a tipo fijo y se extiende también a los cambios a hipotecas a tipo mixto con un primer tramo fijo de, al menos, 3 años. 

Además, si durante los primeros 3 años de la vida del préstamo se realiza una novación o subrogación de acreedor que implique el cambio de tipo variable a tipo fijo o con un primer tramo fijo de, al menos, 3 años, la compensación o comisión por reembolso o amortización anticipada no podrá ser mayor que la pérdida financiera que pueda sufrir la entidad, con el límite del 0,05 por ciento del capital reembolsado anticipadamente. Si la novación no implicase amortización anticipada de capital, no podrá cobrarse ninguna comisión por este concepto.

Una vez transcurridos los 3 primeros años de la vida del préstamo, la entidad no podrá cobrar compensación o comisión alguna en caso de novación del tipo aplicable o subrogación de acreedor en la que se pacte la aplicación, en adelante y para el resto de la vida del préstamo, de un tipo de interés fijo o con un primer tramo fijo de, al menos, 3 años.

Durante 2024, se mantendrá la suspensión de comisiones por amortización anticipada total o parcial en hipotecas a tipo variable.

A partir de 2024, se eleva el límite de ingresos para acceder al Código de Buenas Prácticas destinado a familias «en riesgo de vulnerabilidad». Antes, era para familias con ingresos menores a 29.400 euros anuales, (3,5 veces el IPREM), pero ahora se aumenta a 37.800 euros anuales, (4,5 veces el IPREM). Las familias pueden beneficiarse de dos medidas principales: congelación de la cuota hipotecaria por un año y extensión del plazo de amortización hasta 7 años.

Medidas para deudores considerados  más vulnerables 

El Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios ha sido fortalecido para asistir a familias vulnerables, definidas como aquellas con ingresos anuales menores a 25.200 euros y que poseen viviendas valoradas hasta 300.000 euros. Este código ofrece ahora una reducción en el tipo de interés durante los primeros 5 años de la hipoteca, cambiando de Euribor más 0,25% a Euribor menos 0,10%.

Adicionalmente, las familias podrán reestructurar su deuda más de una vez y se les concede un plazo extendido de hasta 24 meses para optar por la dación en pago de su vivienda habitual. También se les permite solicitar un alquiler social por un período de hasta 12 meses, con un coste máximo del 3% del valor de la vivienda, en casos de desahucio.

Familias con ingresos inferiores a 29.400 €

El nuevo Código de Buenas Prácticas se dirige a familias de clase media con ingresos menores a 29.400 euros anuales, es decir, menos de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que enfrenten un incremento en su carga hipotecaria de al menos el 20% y cuyos pagos hipotecarios representan más del 30% de sus ingresos. Para estas familias, las entidades financieras deben ofrecer la opción de congelar la cuota hipotecaria por 12 meses, reducir el tipo de interés del principal aplazado y extender el plazo del préstamo hasta 7 años. Se estima que estas medidas beneficiarán a unas 700.000 familias, ayudándoles a adaptarse a los cambios en los tipos de interés.

Otras medidas

Además, se ha aprobado la creación de una guía para deudores hipotecarios por parte del Banco de España y se planea un seguimiento riguroso de la aplicación de estos códigos.

Para la protección de los consumidores se ha propuesto la creación de la Autoridad independiente de Defensa del Cliente Financiero. Esta entidad, financiada por las entidades financieras, resolverá conflictos entre estas y sus clientes insatisfechos con las respuestas recibidas en las oficinas de quejas. El proceso de reclamación será gratuito, con atención personalizada, y se resolverá en un plazo máximo de 90 días, excepto en circunstancias especiales. La ley también ampliará la protección a clientes en el ámbito de cripto activos y servicios fintech.